La propuesta busca garantizar que niñas y adolescentes embarazadas permanezcan y concluyan sus estudios sin discriminación.
El dictamen también contempla protocolos de atención, confidencialidad y aviso a las autoridades cuando existan indicios de un delito.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una iniciativa para reformar los artículos 46 y 84 de la Ley de Educación estatal, con el objetivo de garantizar la permanencia, continuidad y egreso oportuno de niñas y adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo.
La propuesta busca evitar que el embarazo se convierta en una causa de abandono escolar, así como prevenir prácticas de discriminación, exclusión o estigmatización dentro de los planteles educativos.
De acuerdo con el planteamiento, las estudiantes embarazadas deberán recibir las facilidades necesarias para continuar con su formación académica y cumplir con sus actividades escolares en condiciones de igualdad, sin que su situación implique la pérdida de oportunidades educativas.
La reforma pretende atender una problemática que puede llevar a que niñas y adolescentes interrumpan sus estudios debido a factores como el acoso escolar, la presión familiar o la falta de apoyo institucional. Con ello, se busca que puedan mantenerse dentro del sistema educativo y concluir sus estudios conforme a sus necesidades y derechos.
Además, el dictamen establece que docentes, personal de los planteles y autoridades educativas deberán informar de manera inmediata a las instancias correspondientes cuando tengan conocimiento de hechos que pudieran constituir un delito en agravio de estudiantes.
También se contempla que las autoridades educativas den aviso al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Fiscalía competente en los casos de embarazo de niñas y adolescentes dentro del entorno escolar, especialmente cuando existan elementos que permitan presumir la posible comisión de un delito.
Las actuaciones deberán realizarse bajo los principios de interés superior de la niñez, debida diligencia, confidencialidad y no revictimización, con el fin de proteger la integridad y los derechos de las estudiantes.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, votación.
