La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí coordinó acciones con autoridades estatales y el Registro Civil para obtener el acta de nacimiento de una persona en reclusión.
El documento permitirá el reconocimiento jurídico de su identidad y facilitará el acceso a otros derechos y procesos de reinserción social.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí gestionó la obtención de un registro de nacimiento para una persona privada de la libertad que no contaba con un documento oficial que acreditara jurídicamente su identidad.
El procedimiento fue realizado a través de la Tercera Visitaduría General de la CEDHSLP, en coordinación con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la Oficialía del Registro Civil número 14.
De acuerdo con la información difundida por el organismo, la persona obtuvo por primera vez un acta de nacimiento, documento que permite el reconocimiento oficial de su identidad ante las instituciones públicas.
La Comisión señaló que contar con este documento va más allá de un trámite administrativo, ya que representa una condición necesaria para ejercer otros derechos. El registro de nacimiento permite a las personas identificarse legalmente, acceder a servicios públicos, programas sociales y distintos procesos administrativos.
En el caso de personas privadas de la libertad, este tipo de gestiones también puede contribuir a los procesos de reinserción social, particularmente para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por no contar con documentación básica.
La CEDHSLP indicó que el derecho a la identidad es un elemento fundamental para la protección de los derechos humanos, debido a que ayuda a reducir situaciones de exclusión y facilita el acceso a mecanismos institucionales.
Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre la identidad de la persona beneficiada, en apego a la protección de sus datos personales.
Las autoridades participantes informaron que mantendrán la coordinación institucional para garantizar que las personas en reclusión puedan acceder a sus derechos, sin que su situación jurídica represente un impedimento para obtener documentación oficial.
