La iniciativa ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial todavía requiere consultas, particularmente a personas con discapacidad, además de recursos para desarrollar el proceso.
La aprobación podría concretarse a inicios de 2027, aunque también será necesario reunir los 27 votos requeridos en el Congreso estatal.
La iniciativa ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como “Ley Santi”, deberá cumplir con un proceso de consultas antes de avanzar hacia su eventual aprobación en el Congreso de San Luis Potosí.
El diputado local de Morena e integrante de la Comisión de Movilidad, Emilio Rosas Montiel, señaló que uno de los pasos pendientes consiste en realizar las consultas correspondientes, particularmente entre personas con discapacidad y otros sectores ciudadanos.
De acuerdo con el legislador, estos ejercicios podrían comenzar durante el segundo semestre de 2026 y extenderse por al menos tres meses. Bajo este escenario, la eventual aprobación de la iniciativa podría concretarse a principios de 2027.
Otro de los aspectos pendientes es el financiamiento de las consultas. Ante la falta de recursos señalada por el propio Congreso para realizar este tipo de procedimientos, se plantean dos alternativas: solicitar una ampliación presupuestal extraordinaria o incorporar el gasto necesario en el Presupuesto de Egresos 2027.
La decisión sobre los recursos correspondería a la Junta de Coordinación Política, debido a sus atribuciones administrativas y presupuestales dentro del Poder Legislativo.
El proceso también requiere alcanzar los 27 votos necesarios para aprobar la legislación.
El avance de la Ley Santi ocurre después de que, en mayo pasado, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que el Congreso había incurrido en una omisión al no dar trámite a la iniciativa ciudadana y ordenó dictaminarla en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia.
Por ahora, la iniciativa continúa dentro del proceso legislativo y su aprobación dependerá del cumplimiento de las consultas, la disponibilidad presupuestal y la votación correspondiente en el Congreso.
