Un análisis advierte riesgos para la libertad de expresión ante la propuesta de crear un registro de medios en San Luis Potosí.
El señalamiento surge luego de la derogación de reformas penales relacionadas con la defensa de la dignidad humana.
A un año del debate generado por la llamada Ley Serrano, nuevas críticas surgieron en San Luis Potosí por la posibilidad de construir una regulación enfocada en medios digitales y portales señalados como “fake”.
De acuerdo con un análisis publicado por Victoriano Martínez, el protocolo encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona marcaría una nueva ruta para atender el tema de la difusión de contenidos en plataformas digitales, aunque también abriría cuestionamientos sobre posibles restricciones indirectas a la libertad de expresión.
El texto señala que la derogación de los delitos contemplados en la Ley Serrano debería tener efectos en los procesos iniciados contra dos generadoras de contenido, quienes permanecieron 15 días en el reclusorio de La Pila y actualmente enfrentan su proceso en libertad. Según el planteamiento, al desaparecer el delito, también debería revisarse la continuidad de las medidas impuestas.
El análisis también advierte que la propuesta de crear un “registro de medios” podría ser problemática si se utiliza como mecanismo de control oficial para distinguir entre medios reconocidos y portales considerados falsos.
En ese sentido, se recuerda que el artículo 7º constitucional protege la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio, y prohíbe restricciones indirectas mediante controles oficiales o particulares.
El texto sostiene que, antes de impulsar mecanismos de regulación, una alternativa más adecuada sería promover campañas de alfabetización digital para que la ciudadanía aprenda a identificar información falsa, contenidos engañosos y fuentes poco confiables, sin afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
