SNTE reporta 40 expedientes por presunta violencia sexual contra docentes en SLP

La Sección 26 informó que los casos permanecen en investigación y aún no cuentan con resolución definitiva.
El sindicato pidió equilibrar la protección de menores con el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Alrededor de 40 expedientes relacionados con denuncias por presunta violencia sexual contra docentes permanecen abiertos en San Luis Potosí, informó la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

De acuerdo con el dirigente sindical, los casos corresponden a señalamientos por presuntos actos de violencia sexual, entre ellos tocamientos, abuso y otras conductas denunciadas a través del Departamento de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El sindicato señaló que todos los expedientes se encuentran en proceso de investigación y que, hasta el momento, ninguno cuenta con una resolución definitiva que determine la responsabilidad de las personas señaladas.

También se explicó que, cuando se presenta una denuncia de esta naturaleza, la autoridad educativa aplica medidas cautelares, entre ellas separar temporalmente al trabajador de sus funciones mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

La representación sindical manifestó preocupación por el impacto del juicio social anticipado, especialmente cuando los señalamientos se difunden en redes sociales antes de que concluyan los procedimientos oficiales.

El SNTE sostuvo que no brinda protección a quienes hayan cometido delitos, pero pidió que cada caso sea revisado con base en pruebas, garantizando una defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia.

Asimismo, señaló que la duración de las investigaciones puede variar, desde algunas semanas hasta varios años, dependiendo de la complejidad de cada expediente.

El sindicato informó que brinda asesoría y representación jurídica a los trabajadores involucrados, sin menoscabar el derecho de las víctimas a denunciar y acceder a la justicia.

Finalmente, la organización reiteró que estos casos deben resolverse con apego a la ley, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el debido proceso para todas las partes involucradas.

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