La revisión presencial fue solicitada para conocer información sobre viáticos, gasolina, hospedaje, alimentación y uso de vehículos de la propia Comisión.
De acuerdo con el reporte, la consulta no se realizó pese a que existía una cita programada para el 23 de junio en las oficinas del organismo.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí no permitió la consulta de documentos relacionados con sus gastos en viáticos, gasolina, hospedaje, alimentación y uso de vehículos oficiales, de acuerdo con un reporte difundido el 23 de junio.
La solicitud de información fue presentada desde el 1 de junio mediante correo institucional, con el objetivo de revisar los gastos realizados por la propia Comisión. Como respuesta, se determinó que la información sería consultada de manera presencial en las instalaciones del organismo.
Según lo informado, la cita fue programada para las 12:30 horas del martes 23 de junio. Sin embargo, al arribar a las oficinas a las 12:41 horas, la persona solicitante fue informada de que la cita ya había sido cerrada y que se había certificado su inasistencia.
De acuerdo con el reporte, no se permitió el acceso a los expedientes solicitados, tampoco se mostró en ese momento un acta de certificación sobre la presunta inasistencia ni se ofreció una nueva fecha para realizar la consulta.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí establece que la información debe entregarse en la modalidad solicitada por la persona interesada. Cuando ello no sea posible, la autoridad debe garantizar otra forma de acceso que no limite el derecho a consultar los documentos.
La legislación también contempla la consulta directa en oficinas como una modalidad válida, siempre que esté justificada, organizada y no represente una barrera para el acceso a la información pública.
Hasta el momento, según lo señalado en la publicación, la solicitud no pudo concretarse ni por entrega electrónica ni mediante consulta presencial. El marco legal prevé mecanismos de impugnación cuando se niega el acceso a la información o se imponen condiciones que dificultan su consulta.
