Integrantes y exintegrantes de un colectivo de cuidadoras señalaron que algunos apoyos estatales fueron suspendidos luego de que sus familiares aparecieron registrados como fallecidos, pese a que continúan con vida.
Las denunciantes también acusaron presuntas represalias, exclusión de gestiones y solicitudes de dinero al interior de la agrupación.
Madres cuidadoras de San Luis Potosí denunciaron presuntas irregularidades en la suspensión de apoyos gubernamentales destinados a familias de personas con discapacidad, luego de que sus familiares aparecieran registrados como fallecidos ante autoridades estatales, pese a que continúan con vida.
De acuerdo con los testimonios recabados, al menos una decena de beneficiarias habrían sido dadas de baja de un programa estatal tras cuestionar decisiones al interior de la organización Cuidadoras Potosinas.
Las afectadas señalaron que, al intentar conocer el motivo de la suspensión, detectaron que en registros oficiales se reportaba el supuesto fallecimiento de las personas a quienes cuidan. Después de realizar gestiones ante dependencias estatales, los apoyos fueron restituidos.
Las cuidadoras, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad, relacionaron estos hechos con conflictos internos dentro del colectivo. Según sus versiones, quienes cuestionaban decisiones de la dirigencia o se negaban a participar en determinadas actividades eran expulsadas de grupos de comunicación y excluidas de las gestiones relacionadas con programas de apoyo.
También denunciaron que dentro de la organización se habrían solicitado cooperaciones para distintos fines, entre ellos la compra de útiles escolares, apoyos personales para integrantes cercanas a la dirigencia y cobros de hasta 500 pesos por trámites.
Asimismo, señalaron que algunas mujeres fueron convocadas a movilizaciones relacionadas con asuntos políticos y conflictos laborales ajenos a las labores del colectivo. De acuerdo con las denunciantes, existían advertencias de que podían perder beneficios o apoyos si no participaban.
Hasta el momento, no se informó sobre una postura pública de la organización señalada respecto a estas acusaciones. Las autoridades competentes deberán determinar si existen irregularidades administrativas o posibles responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.
